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Nos preocupa también la pasividad del Estado ante estas graves violaciones de la ley. El artículo 17 de la Constitución Nacional expresa claramente que “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”.

Las últimas medidas del gobierno nacional fueron claramente insuficientes para generar los incentivos que la cadena de soja necesita. Queda cada vez más en evidencia que, después de 10 años de estancamiento de la cosecha de soja, el país necesita que se definan estrategias que permitan el despegue en la producción, el agregado de valor y el empleo. El impacto en la economía seria determinante para salir de la crisis.

La Red refuerza su compromiso en comunicación y formaliza su Misión, Visión y objetivos de cara al 2025 a través de un video institucional.

En 2020 la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias cumplió 6 años de trabajo conjunto. Hoy ya son más de 90 instituciones públicas y privadas las que contribuyen al desarrollo sostenible y promueven las buenas prácticas agropecuarias en diálogo con la comunidad.